El Ejecutivo ha elaborado un proyecto para crear un impuesto a las operaciones financieras, que se divide en dos partes: un impuesto al cheque y a las transferencias electrónicas, y un impuesto para el control de la liquidez, aplicable a transacciones arriba de $3,000, en monto individual, o acumulado en un mes.
El anteproyecto de Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras fue trabajado por el Ministerio de Hacienda y ya está en Presidencia. El impuesto planteado es del 0.25% sobre el monto de las transacciones, es decir, $0.25 por cada $100.
“El impuesto recaerá sobre el valor pagado de cualquier tipo de cheque y las transferencias electrónicas realizadas en el territorio nacional”, indica el proyecto. Para que este impuesto esté vigente, debe aprobarlo la Asamblea Legislativa, y sancionarlo el presidente de la República.
Una fuente cercana al proceso de elaboración de este proyecto dijo que Hacienda espera que esté vigente y se comience a aplicar a partir de enero de 2013.
Los encargados de retener este impuesto, y luego reportarlo y trasladarlo a Hacienda, serán las mismas entidades del sistema financiero: bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito, y los bancos estatales.
Eduardo Amaya, director de UHY Auditax, firma especialista en temas tributarios, explicó que el proyecto establece que se aplicará el impuesto a los débitos en cuentas de depósitos y órdenes de pago o transferencias por pagos de cheques, pagos por transferencias electrónicas, transferencias a terceros, desembolsos de préstamos y transferencias entre bancos.
“El impuesto se aplicaría cuando se efectué el pago, transferencia o desembolso”, indicó.
El proyecto establece excepciones. Por ejemplo, no se pagará este impuesto por retirar efectivo de cuentas, por pagar tarjetas de crédito, por el pago de créditos, ni por el pago de salarios.
Tampoco estarán gravadas las transferencias entre cuentas de una misma persona, ni los pagos de servicios básicos: agua y electricidad.
Estarían exentos de pagarlo el Estado, las alcaldías, las autónomas, los diplomáticos, los organismos internacionales y los fondos de pensiones, entre otros.
Control de liquidez
La segunda parte del proyecto establece un impuesto de control de liquidez, que aplicaría a todo depósito y retiro de efectivo arriba de $3,000. Este monto puede ser por transacción individual, o acumulado durante un mes.
“Se establece que la retención del impuesto por control de liquidez será acreditable contra otros impuestos”, explicó Amaya. Esto implica que las empresas que ya pagan impuestos pueden usar esta retención para pagar otras obligaciones tributarias.
Marcela Jiménez, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), dijo que están analizando el proyecto para poder establecer una posición como asociación, e incluso sugerencias para el Ejecutivo.
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